Sería un suicidio político recortar derechos de las personas con discapacidad

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José María Ballesteros, president d'honor de COCEMFE Catalunya

La societat catalana està plena d'entitats que treballen i influeixen en el món cultural i social, alhora són nuclis de cohesió dels nostres barris, pobles o vil.les.

El PSC té com a objectiu i obligació d'establir relacions, treballar i donar a conèixer els actors del món associatiu, especialment, els d'àmbit social. 

En aquesta línia, avui entrevistem a José María Ballesteros,  que ha estat president de COCEMFE Catalunya des dels 80 i conseller de COCEMFE estatal. A més, va ser membre dels comitès executius del CERMI i de COCARMI (el CERMI català). 

 

¿Cómo ha cambiado el movimiento asociativo de personas con discapacidad?

Después de 32 años representando a las personas con discapacitado, puedo decir que el movimiento asociativo, en este tiempo, ha pasado de estar totalmente desorganizado a intentar conseguir la mejor calidad de vida posible, con un órgano como el CERMI, que aglutina a todas las discapacidades y seamos la envidia incluso del movimiento asociativo europeo. 

Las prioridades de las asociaciones antes eran el cumplimiento de la LISMI (Ley de Integración Social de los Minusválidos) de 1982, pero ahora trabajamos de forma transversal. Nos importa el que incorporaba la LISMI, pero también la educación, el urbanismo, los transportes, la justicia, los derechos humanos... En estos momentos, trabajamos en todos los frentes y prácticamente con todos los Gobiernos. Las reivindicaciones no se quedan ahora en el área de servicios sociales, sino que cuando vamos al Ministerio de Justicia, queremos que Justicia resuelva los temas que tiene pendientes, cuando vamos a Fomento, vamos a reivincdicarque queremos los trenes accesibles, las estaciones de metro accesibles... El movimiento asociativo trabaja hoy de forma transversal con la totalidad de los ministerios del Estado y las consejerías de las comunidades autónomas. 

Recuerdo cómo cuando siendo Josep Borrell secretario de Estado de Hacienda, trabajamos para que se aplicaran las primeras deducciones en la renta. Conseguimos desde Catalunya que el primer año nos aplicaran deducciones del 10% de nuestros ingresos. O que, cuando la compra de un vehículo quedaba limitada a tres modelos de coches que no superaban los ocho caballos fiscales, pudiéramos comprar cualquier vehículo con una reducción del IVA. Esto, junto con la reivindicación sindicalista del salario indirecto, es decir, con lo que te ahorras de pagar impuestos, sirvió para beneficiar a la discapacidad de todo el Estado. Yo mismo redacté un artículo para la Ley de Accesibilidad de Catalunya de 1991, con el cual se obligaba a que las nuevas adquisiciones de autobuses urbanos sean accesibles para las personas con discapacidad. Con ello, Barcelona fue en 1996 la primera ciudad española que tenía el 100% de flota de autobuses adaptados. Y en 1981, cuando se discutía la aprobación de la LISMI, fletamos un autobús para presentarnos junto con unos cuantos compañeros en el Congreso de los Diputados, tras interminables horas por carreteras sin autopista desde Barcelona, para que las fuerzas políticas nos recibieran y escucharan nuestras propuestas. 

 

En un momento como el actual, donde las prioridades políticas son otras, ¿qué crees que podéis aportar como entidad?

Recordar que no podemos dar ningún paso atrás en las conquistas logradas en los últimos tiempos porque hemos avanzado mucho, pero nos queda mucho por avanzar todavía. Con intenciones por parte de los distintos gobiernos autonómicos como del Gobierno central de intentar recortar derechos, lo que tenemos que hacer es afianzar el último logro que hemos conseguido: que la Convención de la ONU para las Personas con Discapacidad se aplique en su totalidad en España y que también sean de aplicación las leyes de ámbito europeo. El movimiento asociativo es ahora tan fuerte que cualquier político que pretenda dañar gravemente los objetivos conseguidos se va a enfrentar a una oposición y a unas movilizaciones que en el movimiento asociativo estaríamos dispuestos a promover y a sacar a la gente a la calle. Representamos a casi cuatro millones de personas con discapacidad y, con la fuerza que tiene el CERMI, sería un suicidio político recortar derechos.